El Día Internacional del Periodista se conmemora cada 8 de septiembre en honor al periodista de la Republica Checa, Julius Fucik quien en el marco de la Segunda Guerra Mundial fue detenido y ejecutado por la policía Nazi el 8 de septiembre de 1943.
El ejercicio de la libertad de expresión promueve la discusión de los asuntos públicos entre los actores de la sociedad, contribuye a que los ciudadanos participen activamente en los asuntos públicos, se integren a la toma de decisiones de sus comunidades y protejan este derecho para futuras generaciones. La profesión del periodismo es un pilar para la búsqueda de la verdad y la documentación de la realidad presente. El ejercicio del periodismo también provoca que sean amenazados o perseguidos desde el poder público y presionados desde el privado, además en México son amenazados, extorsionados, agredidos y asesinados por el crimen organizado.
El sector público debe garantizar el derecho a la libertad de expresión a partir mecanismos estatales alineados a los nacionales para fortalecerlos, es necesario observar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece a la libertad de expresión como un derecho universal, lo cual está garantizado en nuestra Constitución Política en sus artículos 6 y 7 y en el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, siendo esta última ley la que armoniza a México en el plano internacional y su respeto a la dignidad humana.
En México más de 29 mil personas trabajan de periodistas y redactores. En el estado de Puebla existen 1.8 mil personas dedicadas a dicho oficio. Las entidades con más periodistas y redactores son la Ciudad de México con 7.9 mil, seguido de Hidalgo con 4.7 mil y Jalisco con 2.2 mil.
De acuerdo con Articulo 19 en México durante el periodo 2000 a 2024 se han registrado 167 casos de asesinatos de periodistas relacionados con su labor. En el caso de Puebla se presentaron 3 casos, el más reciente fue el de Marco Aurelio Ramírez Hernández, en 2023. La misma organización, pero en su informe de “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión e información en México”, señala a Puebla cómo la tercera entidad con los mayores índices de violencia contra periodistas con 241 casos, solo después de Guerrero (247) y Ciudad de México (582).
Por su parte, la Red Puebla de Periodistas tan sólo en el proceso electoral de 2024 reportó 13 agresiones y 21 hechos violentos contra periodistas.
A pesar de ser conformado el mecanismo de la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla en 2017, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, desde el origen se creó para que no funcionará, desde la estructura normativa como sus alcances, lo que provoca mas afectaciones que beneficios, incluso para el Estado genera muchas complicaciones pues no se tiene creado para construir procesos de cohesión social o preventivos, sino son meramente especulativos, lo cual da oportunidad a opositores del régimen como áreas de oportunidad para intereses personales y no en favor de la comunidad y sectores vulnerables.
Los mecanismos de protección se establecen para prevenir y buscar alternativas de paz frente a la violencia estructural en contra de los periodistas, construir redes de protección desde la prevención, dar acompañamiento en denuncias, diagnosticar riesgos, recomendar y construir medidas de protección que adoptara el Estado para proteger la integridad de los beneficiarios. Sin embargo, ante la ausencia de herramientas jurídicas y administrativas para que se cumpla lo anterior provoca, molestia, manifestaciones, señalamientos y observaciones desde los organismos locales, nacionales e internacionales.
Se requiere la reestructuración de la Comisión que atiende a los periodistas y a los defensores de derechos humanos en el Estado de Puebla, buscando construir procesos de prevención, capacitación y profesionalización de todas las estructuras tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos.
El fortalecimiento de la vinculación entre las instancias federales y locales en materia de mecanismos de protección permitirá proteger y mejorar de la atención, el seguimiento y la protección de las víctimas en diversas demarcaciones del país.
El Estado requiere ejecutar políticas públicas para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, pero también se requiere de acciones preventivas con quienes históricamente se les identifica como sujetos agresores como son personal adscrito a los municipios, así como a las áreas de seguridad y gobernanza municipal y estatal.
Es urgente la conformación del Sistema Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Puebla (SEDHP) para que, entre otras funciones, coadyuve en la protección y defensa de periodistas.